La Gaceta

Apenas ha elevado al Congreso 54 proyectos de ley en veinte meses. Aznar, en el mismo tiempo, formalizó un centenar.

A pesar de contar con una corte de 547 altos cargos, entre asesores y puestos directivos, el Gobierno de Rodríguez Zapatero suspende en productividad legislativa, con un índice de desidia sin precedente alguno en la historia democrática de España.

Nunca antes un Ejecutivo español, en los primeros veinte meses de su mandato, había llevado al Congreso de los Diputados menos proyectos de ley que el actual. Desde mayo de 2008 hasta el pasado 4 de diciembre fueron enviadas a la Cámara baja para su tramitación apenas 54 iniciativas de este tipo.

Además, se da la circunstancia de que la mitad de las mismas se tratan de transposiciones de directivas comunitarias, en su mayoría relacionadas con seguridad, fiscalidad, ámbito energético y medioambiental. Si el primer proyecto de ley del segundo mandato de Rodríguez Zapatero fue la ratificación del Tratado de Lisboa, el más reciente modifica la Ley de Navegación Aérea para adecuarla a la última "normativa comunitaria reguladora de los conflictos de intereses que se producen en los entornos aeroportuarios".

Asimismo, las cifras constatan que el cambio de ritmo que quiso imprimir Rodríguez Zapatero a su Gobierno, tras verse sobrepasado por los efectos de la crisis, no ha surtido efecto. De hecho, en los once meses que transcurrieron desde el arranque de la legislatura hasta la salida del entonces vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, se aprobaron en Consejo de Ministros 29 proyectos de ley. Sin embargo, en los nueve meses siguientes, con Elena Salgado al frente de las finanzas y la incorporación de un vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, la redacción de anteproyectos no ha cumplido las expectativas, quedándose en 25.

Es más, tras la marcha de Solbes se han tomando menos iniciativas de este tipo en materia económica que durante su permanencia en el Ejecutivo de la IX legislatura. La actividad legislativa de los últimos meses, por contra, ha tenido profunda carga ideológica, con la tramitación exprés de la Ley del Aborto o la cuestionada reforma del sistema de financiación autonómica. Los escasos 54 proyectos de ley de este mandato están muy lejos de los 198 que presentó en el mismo espacio de tiempo el Gobierno de Adolfo Suárez (UCD), entre marzo de 1979 y octubre de 1980, o de los 113 proyectos de la II legislatura que se elaboraron entre diciembre de 1982 y julio de 1984. No obstante, la principal diferencia entre el rendimiento del actual Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y los Gobiernos anteriores más próximos en el tiempo se halla en la comparativa con la llegada de José María Aznar a Moncloa.

El que fuera candidato a la Presidencia del Gobierno de España por el Partido Popular remitió al Congreso un centenar de proyectos de ley antes del ecuador de su primer mandato. En el otro extremo, la apatía legislativa de Zapatero sólo se asemeja a la de Felipe González (PSOE) en el arranque de la IV legislatura. González no consiguió aprobar en Consejo de Ministros, entre diciembre de 1989 y julio de 1991, más de 59 proyectos de ley.

En la sesión de control al Gobierno del pasado 27 de mayo, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, criticó al jefe del Ejecutivo porque "no ha cumplido nada" de sus compromisos electorales y denunció que "por eso los jueves, en esta Cámara, hay muy poco trabajo". En este sentido, Rajoy añadió: "Mañana, de hecho, no hay Pleno" porque no se están presentando proyectos de ley. Acto seguido, el presidente del PP acusó a Zapatero de gobernar por la vía rápida, ya que, destacó, "ha presentado más decretos leyes que leyes", en alusión a la falta de normas de autoría propia y no de adaptación a directivas europeas.

Sin negociación

En estos momentos, el Ejecutivo socialista ya ha formalizado 23 decretos leyes, en una utilización muy elevada de esta fórmula restrictiva que evita el debate parlamentario, teniendo en cuenta que las leyes aprobadas definitivamente, tras su paso también por el Senado, ascienden sólo a 29.

Según la Constitución, los decretos leyes los puede dictar el Gobierno "en caso de extraordinaria y urgente necesidad", siempre que no afecten "al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas, ni al Derecho electoral general".

Mediante este procedimiento, los grupos parlamentarios no tiene posibilidad de modificar el contenido de la norma que envía el Ejecutivo, puesto que, según se expresa en la Carta Magna, el papel de los diputados queda limitado a pronunciarse sobre la "convalidación o derogación" del mismo.

Actuaciones económicas controvertidas con las que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ha querido contrarrestar su deficiente gestión frente a la crisis; entre ellas, la creación del Fondo Estatal de Inversión Local (Feil), ha adoptado el formato de decretos leyes.

También el recurso de dictar decretos leyes ha permitido a Rodríguez Zapatero avanzar en su manejo presidencialista de la estructura del Gobierno y, sobre todo, esquivar la debilidad parlamentaria del mismo. Tanto los nacionalistas vascos y catalanes como los grupos de ultraizquierda se ha mostrado críticos a lo largo de estos meses con diversas recetas anticrisis de Zapatero.